Las organizaciones nacionales de Comunidades y Pueblos Indígenas, AIDESEP y CONACAMI, solicitan incluir sus aportes en el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento (CCR) sobre la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas que se remitirá al pleno del Congreso de la República
Las observaciones y opiniones de las organizaciones están principalmente referidas en materia del objeto de la ley, finalidad de la consulta, y de los principios.
Como primer punto, se considera importante modificar la frase: “afectan directamente”, dejando sólo la palabra “afecten”, por cuanto los proyectos de desarrollo pueden afectar a los pueblos indígenas en forma directa o indirecta, no sólo directamente. Y esto es parte de otro agregado sustantivo que debería tomar en cuenta la comisión: recoger el espíritu de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
De igual manera, se solicita ampliar la extensión de la consulta a las “medidas legislativas, administrativas y proyectos y programas de desarrollo”, y no sólo a medidas de carácter legislativo y administrativos. Ello permitirá tener la mayor claridad posible respecto de los casos en que debe proceder la consulta.
En el segundo aspecto se pide considerar en el dictàmen que “la consulta no otorga a los Pueblos Indígenas u originarios el derecho a veto” lo único que genera es volver a un punto muerto de todo el proceso de la consulta.
Una pregunta clave en este punto es: ¿La Comisión de Constitución y Reglamento (CCR) está legislando por interpretaciones o sobre lo que establecen las leyes y el Convenio? La razón es que la frase a modificar no está contemplada en el Convenio 169 de la OIT.
Igualmente, en el tercer punto resulta fundamental incorporar que no se podrá invocar el interés nacional ni ley alguna como justificativo para postergar, limitar o negar el derecho a la consulta y al consentimiento previo.
De esta manera, las propuestas intentan fortalecer la tercera versión del dictamen de la CCR, expresando las ideas básicas consensuadas entre las organizaciones indígenas, la CPAAAA y la defensoría del Pueblo. En rigor, se considera necesario incorporarlas para obtener una Ley de Derecho a la Consulta Previa en concordancia plena con las normas internacionales que el Estado peruano ha promovido y suscrito.
Las observaciones y opiniones de las organizaciones están principalmente referidas en materia del objeto de la ley, finalidad de la consulta, y de los principios.
Como primer punto, se considera importante modificar la frase: “afectan directamente”, dejando sólo la palabra “afecten”, por cuanto los proyectos de desarrollo pueden afectar a los pueblos indígenas en forma directa o indirecta, no sólo directamente. Y esto es parte de otro agregado sustantivo que debería tomar en cuenta la comisión: recoger el espíritu de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
De igual manera, se solicita ampliar la extensión de la consulta a las “medidas legislativas, administrativas y proyectos y programas de desarrollo”, y no sólo a medidas de carácter legislativo y administrativos. Ello permitirá tener la mayor claridad posible respecto de los casos en que debe proceder la consulta.
En el segundo aspecto se pide considerar en el dictàmen que “la consulta no otorga a los Pueblos Indígenas u originarios el derecho a veto” lo único que genera es volver a un punto muerto de todo el proceso de la consulta.
Una pregunta clave en este punto es: ¿La Comisión de Constitución y Reglamento (CCR) está legislando por interpretaciones o sobre lo que establecen las leyes y el Convenio? La razón es que la frase a modificar no está contemplada en el Convenio 169 de la OIT.
Igualmente, en el tercer punto resulta fundamental incorporar que no se podrá invocar el interés nacional ni ley alguna como justificativo para postergar, limitar o negar el derecho a la consulta y al consentimiento previo.
De esta manera, las propuestas intentan fortalecer la tercera versión del dictamen de la CCR, expresando las ideas básicas consensuadas entre las organizaciones indígenas, la CPAAAA y la defensoría del Pueblo. En rigor, se considera necesario incorporarlas para obtener una Ley de Derecho a la Consulta Previa en concordancia plena con las normas internacionales que el Estado peruano ha promovido y suscrito.
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