El Consejo Directivo Nacional de la AIDESEP informó que en la 99° Conferencia Internacional del Trabajo - CIT, que se iniciará desde el 10 de junio en la ciudad de Ginebra, el gobierno peruano tendrá que comparecer ante este grupo de trabajo por las graves observaciones que hiciera en febrero pasado la Comisión de Expertos de la OIT y que está resaltado en siete problemas principales en la aplicación del Convenio 169.
Estas observaciones se rigen: 1. En la necesidad de realizar una investigación imparcial sobre los hechos de Bagua; 2. La necesidad de esclarecer el ámbito de aplicación del Convenio 169 en el país y a qué grupos se aplica el Convenio; 3. La necesidad de adoptar –en consulta con las organizaciones indígenas- un plan de acción para lograr una acción estatal coordinada y sistemática en materia de derechos de los pueblos indígenas.
En cuarto punto está la necesidad de reformar INDEPA con la participación de las organizaciones representantivas de los Pueblos Indígenas, 5. La necesidad de establecer mecanismos de Consulta Previa, especialmente de manera urgente sobre la explotación de recursos naturales.
En estos dos puntos, el CDN de la AIDESEP observó que el gobierno peruano no ha cambiado de actitud discriminatoria frente a los pueblos indígenas, pues en días pasados, el primer ministro anunció que un representante indígena sería el máximo responsable de INDEPA, al mismo tiempo de reunirse con los integrantes de la Coordinadora de Comunidades y Pueblos Awajún, supuesta organización representantiva, pero que frente a la realidad de los hechos, los pueblos no los aceptan.
Esta actitud lo único que genera es más desconfianza en los pueblos, pues la reiterada pretensión de crear organizaciones fantasmas e intentar debilitar al movimiento indígena es una práctica muy antigua, poco seria y sin resultados; incluso la propia OIT llama la atención en ese sentido que el gobierno debe dialogar con las ORGANIZACIONES REPRESENTANTIVAS, hecho que no está haciendo.
Asimismo, sobre la aplicación del Derecho a la Consulta, AIDESEP llamó la atención sobre las jugadas políticas del gobierno, pues recién el viernes el primer ministro anunció que la autógrafa había llegado a su despacho, quince días después que el Congreso lo aprobó y ahora tendrán que pasar dos semanas más –tiempo que tiene el Ejecutivo de firmarlo u observarlo. Ocurra un caso o el otro, la fecha aproximada para ver que sucede con el dictamen de la Ley de Consulta será a fines de junio y si es observada su discusión será vista recién en la próxima legislatura del Parlamento.
En el punto seis está la revisión del D. Leg. 994 que legisla sobre la ampliación de la frontera agrícola y la necesidad de garantizar la protección efectiva del derecho de propiedad y posesión de los Pueblos Indígenas respecto de las tierras que ocupan tradicionalmente, y el punto siete trata sobre la necesidad de tomar medidas educativas para eliminar prejuicios racistas en contra de los pueblos indígenas.
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